El concepto de “Transición verde y justa” desarrollado por las Naciones Unidas apunta a un enfoque holístico para abordar el cambio climático y la degradación ambiental, garantizando al mismo tiempo la justicia social y la equidad. El concepto integra consideraciones de sostenibilidad ambiental y socioeconómica, haciendo hincapié en que la transición a una economía baja en carbono no debe realizarse a expensas de los grupos vulnerables y no debe “dejar a nadie atrás”.
El concepto incluye aspectos como la sostenibilidad ambiental, que se centra en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de las energías renovables, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas. Otro aspecto es la justicia social, que tiene por objeto garantizar que los beneficios y las cargas de la transición se distribuyan de forma justa. Un tercer aspecto se ocupa de la resiliencia económica, haciendo hincapié en la creación de una economía que pueda soportar las crisis ambientales y económicas y en la inversión en tecnologías verdes, infraestructura sostenible y desarrollo de capacidades para apoyar nuevos empleos e industrias ecológicas.
Todo esto suena bien, pero, después de todo, ¿qué significa “no dejar a nadie atrás”? Si bien es un concepto atractivo y útil para ayudar a conseguir un amplio apoyo a la agenda verde, puede generar controversias, ya que cada país tiene sus propios intereses y está expuesto a cada uno de los aspectos antes mencionados en distintos grados.
Pensemos en el caso de Estados Unidos, donde el concepto se suele utilizar para referirse a los empleos en riesgo en sectores de combustibles fósiles y/o de uso intensivo de carbono afectados por cambios regulatorios para la descarbonización. Estos cambios podrían ayudar a explicar la reacción de las comunidades contra esas medidas e incluso el uso político del tema por parte de sectores conservadores. En el caso de los países más pobres expuestos al cambio climático, el concepto tiende a centrarse en las inmensas y urgentes necesidades de inversiones en adaptación y ayuda a las comunidades más vulnerables que enfrentan desastres naturales extremos, especialmente aquellos que afectan la seguridad alimentaria y conducen a conflictos y migraciones forzadas; pensemos en lo que ya están experimentando muchos países del África subsahariana.
Sin embargo, todavía habría al menos un grupo más de países para los cuales la transición verde y justa tendría una connotación específica. Pensemos en las economías de América Latina y el Caribe (ALC) que, aunque también necesitan inversiones en adaptación, pueden darse el lujo de enfrentar los desafíos climáticos a través de oportunidades de negocios. Considérense los casos de Brasil, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, entre otros, que ya cuentan con matrices eléctricas predominantemente renovables y condiciones operativas competitivas. Estas características califican a la región para participar en cadenas globales de valor a través del powershoring, la estrategia corporativa de ubicar plantas manufactureras y/o cadenas de producción intensivas en energía en zonas que ofrecen energía verde, segura, barata y abundante. Casualmente o no, la energía renovable se concentra en las regiones más deprimidas de esos países. Al incentivar nuevos negocios, el powershoring podría tener impactos socioeconómicos y ambientales significativos, al tiempo que ayuda a las empresas a lograr resiliencia, cumplimiento y las condiciones operativas que necesitan.
A modo de ejemplo, pensemos en el caso de Brasil, concretamente en la región Nordeste, que ya cuenta con una gran oferta de energía renovable y un factor de capacidad muy superior al promedio mundial. En algunos lugares, incluso se genera energía verde de forma no intermitente, con la combinación de abundante luz solar durante el día y vientos favorables por la noche. La región cuenta con una extensa red de transmisión y más de 100 GW de energía verde ya concedida. El Nordeste también cuenta con excelentes puertos y zonas industriales conectadas a ellos. Además, la región cuenta con un fuerte apoyo de los líderes políticos locales a favor de convertir esas ventajas comparativas en herramientas para combatir la pobreza. No es de extrañar que la pobreza en la región afecte al 47.4% de la población y represente casi la mitad de toda la pobreza del país. Pensemos también en el caso de Rio Grande do Sul, un estado recientemente devastado por inundaciones sin precedentes. Con condiciones excepcionales para la producción de energía eólica y la disponibilidad de puertos y zonas industriales, la deslocalización de energía podría ser un aliado importante en la recuperación económica y social del estado.
La lógica microeconómica de la deslocalización de la energía podría extenderse a los minerales críticos para la transición energética. Muchas de las principales provincias del mundo productoras de estos minerales se encuentran en zonas de alta pobreza de Brasil, como el valle de Jequitinhonha en Minas Gerais y partes de los estados de Amazonas y Pará, por nombrar algunos. La industrialización de estos minerales podría tener repercusiones socioeconómicas sin precedentes, y se pueden observar escenarios similares en otros países de la región. La deslocalización de la energía sería, por lo tanto, un medio, no un fin en sí mismo, y un canal fundamental para promover una transición verde y justa.
Las políticas descoordinadas para promover una transición verde y justa pueden ser problemáticas. De hecho, las reivindicaciones y políticas públicas de países con diferentes contextos, poder económico e influencia política pueden llevar a situaciones complejas e incluso contradictorias. Por ejemplo, considérese la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos o el New Green Deal de la UE y otras medidas de la Unión Europea, que apuntan a generar empleos verdes con fuertes subsidios, proteccionismo y discriminación, pero con efectos secundarios en términos de desviación de comercio e inversión de los países que deslocalizan la energía y una reducción de los recursos de los fondos globales de adaptación para los países pobres. De manera similar, hay contratos que llevan a los países que deslocalizan la energía a destinar su valiosa energía verde a producir y exportar hidrógeno verde a los países ricos y/o a dirigirlo a centros de datos, en lugar de priorizarlo como herramienta para atraer cadenas de valor que sí pueden generar prosperidad con equidad. Es una cuestión de acción colectiva, fallas de políticas y fallas de mercado con consecuencias distributivas, sociales y políticas sustanciales.
Definir una agenda de transición verde y justa que no deje a nadie atrás será uno de los grandes desafíos que los líderes globales deberán enfrentar en los próximos años si quieren promover una transición realmente amplia, pacífica y sostenible.
Escrito por nuestro amigo y colega Jorge ArbacheJorge es profesor de economía en la Universidad de Brasilia y ha ocupado cargos en el gobierno, bancos, empresas y directorios.
Este artículo fue publicado originalmente en Valor Económico en 07 / 11 / 2024
